La Ley por el Derecho a la Vivienda entrará en vigor el 26 de mayo de 2023 tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a sufrir criticas airadas por gran parte del sector inmobiliario, traerá consigo una regulación de los desahucios, la posibilidad de gravar más a las viviendas vacías, confirma el tope a la actualización de rentas, nuevos incentivos fiscales para propietarios y creará uno nuevo índice de referencia, con el que se dirá adiós al IPC. La mayor polémica se centra en la figura del gran tenedor y dejar en manos de las CCAA la creación de zonas tensionadas de alquiler que supondrán un control al mercado de arrendamiento.
Esta normativa se convierte en la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda, desde la aprobación de la Constitución. Traerá consigo normas competenciales para que las apliquen las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia plena en materia de vivienda.
La Ley por el Derecho a la Vivienda nace para articular el artículo 47 de la Constitución española (CE), que reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.
Hasta ahora las políticas de viviendas se han desarrollado a través de los distintos Planes de Viviendas, aunque han estado centradas principalmente hacía una política expansiva y de fomento de la propiedad, “materializando una política de vivienda basada fundamentalmente en el fomento de la producción de un volumen creciente de viviendas, la ocupación de nuevos suelos con el consiguiente crecimiento de las ciudades y la apuesta por la propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda”, como se afirma en el preámbulo del BOE.
Como se indica, del total de las viviendas construidas entre 1962 y 2020, el 31,5% fueron viviendas protegidas, es decir, unos 5,7 millones de viviendas que se promovieron al amparo de algún régimen de protección pública, pero que en su mayoría y pese al importante esfuerzo público realizado en su promoción y construcción, han dejado de estar sujetas, en plazos relativamente cortos, a ningún tipo de límite de venta o alquiler.
Y es que los actuales parques públicos de vivienda en alquiler son del todo insuficientes para atender la necesidad de aquellas personas y hogares que tienen más dificultades para acceder al mercado por sus escasos medios económicos.
Estos son los objetivos perseguidos por la ley:
− Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como de los asociados a la propiedad de vivienda, aplicable a todo el territorio nacional.
− Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades de los ámbitos urbanos y rurales.
− Dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan.
− Definir los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, con objeto de favorecer el ejercicio del derecho constitucional en todo el territorio.
− Regular el régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, asegurando su desarrollo, protección y eficiencia para atender a aquellos sectores de la población con mayores dificultades de acceso.
− Favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación, favoreciendo la adaptación a las dinámicas y actuales exigencias de los hogares.
− Mejorar la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso.
Conoce todos los detalles de la nueva Ley de Vivienda: